Ticketmaster en la mira: juicio por supuesta dominación abusiva en el mercado de conciertos

El juicio civil que se desarrolla en un tribunal federal de Manhattan ha puesto bajo los reflectores a una de las industrias más polémicas de la música en vivo: la venta de boletos para conciertos. En el centro del debate está el poder de un gigante que, según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, ha convertido este mercado en un monopolio que perjudica tanto a los artistas como a los consumidores. Durante su alegato inicial, un abogado de la división antimonopolio del gobierno no dudó en calificar la situación como un sistema “estropeado”, donde una sola empresa ejerce un control desmedido sobre la competencia.

El caso, respaldado por 39 estados, busca que el jurado federal ponga fin a estas prácticas y restaure un mercado más justo, donde los músicos reciban una mayor parte de los ingresos y los fans no se enfrenten a precios inflados o sistemas de venta caóticos. “Esto se trata del poder, del poder de un monopolista para controlar la competencia”, advirtió el representante legal, subrayando que la concentración de poder en pocas manos ha distorsionado por completo la dinámica del sector.

En la otra esquina del ring, los abogados de las compañías acusadas —Live Nation y su filial Ticketmaster— defendieron su modelo de negocio con argumentos basados en cifras. Según su postura, la empresa no solo no perjudica a la industria, sino que la impulsa: en 2025, proyectan que 159 millones de personas asistirán a 55 mil conciertos de 11 mil artistas diferentes. “Nos dedicamos a alegrarle la vida a la gente”, afirmaron, insistiendo en que son los propios artistas y sus equipos quienes deciden los precios y las condiciones de venta, no la plataforma.

Sin embargo, las acusaciones en su contra pintan un panorama muy distinto. El gobierno sostiene que Live Nation y Ticketmaster han utilizado contratos a largo plazo —de entre cinco y siete años— para atar a los recintos y evitar que trabajen con competidores. Esta estrategia, según los demandantes, no solo limita las opciones de los lugares que albergan eventos, sino que también bloquea la posibilidad de que existan múltiples vendedores de boletos, lo que perpetúa su dominio en el mercado.

El escándalo más reciente que sacudió a la empresa ocurrió en noviembre de 2022, cuando su plataforma colapsó durante la preventa de boletos para la gira de Taylor Swift. Aunque Ticketmaster atribuyó el fallo a una demanda sin precedentes, el episodio reavivó las críticas sobre su manejo de la tecnología y su capacidad para gestionar eventos masivos. Pero este no es un problema nuevo. Hace casi tres décadas, en 1994, la banda Pearl Jam ya había denunciado públicamente a la compañía por prácticas abusivas, aunque en ese entonces el Departamento de Justicia optó por no emprender acciones legales.

Live Nation, por su parte, ha intentado desvincularse de la responsabilidad en la fijación de precios, argumentando que son los artistas quienes deciden cómo y cuánto cobrar. No obstante, los críticos señalan que su posición dominante les permite imponer condiciones que, en la práctica, dejan poco margen de maniobra a los músicos y a los consumidores. La pregunta que ahora deberá responder el jurado es si este modelo beneficia realmente a la industria o si, por el contrario, ha creado un ecosistema donde solo unos pocos ganan, mientras el resto paga las consecuencias.

El veredicto podría marcar un antes y un después en la forma en que se venden los boletos para conciertos en Estados Unidos. Si el gobierno logra demostrar que existe un monopolio, las repercusiones podrían extenderse más allá de las fronteras del país, obligando a una reestructuración global del sector. Mientras tanto, artistas y fans siguen atrapados en un sistema que, según las acusaciones, prioriza los intereses corporativos sobre la experiencia cultural.