Congreso de Puebla rompe su propia ley para avalar iniciativas oficialistas “al vapor”

La “oposición” en el Legislativo se ha vuelto cómplice al mantenerse pasiva ante las aprobaciones sin respetar los debidos tiempos y procesos

La actual legislatura poblana ha desobedecido, sin consecuencia alguna, su propia norma: la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Puebla. Estos desacatos, vistos mayormente en la técnica legislativa, se han cometido por y para beneficio del oficialismo, que, para imponer sus decisiones, ha ignorado los tiempos y debidos procesos en la creación de leyes, decretos o acuerdos.

¿Qué mensaje otorga que el Congreso local, encargado de crear y modificar leyes que rigen la vida política y social del estado, no respete la suya? Ernesto Villanueva Villanueva, doctor en Derecho e investigador de la UNAM, respondió que dicha conducta, al difícilmente (por no decir imposible) ser sancionada, confirma la impunidad detrás de la violación al Estado de Derecho, aquel sistema en el que, tanto la ciudadanía como el gobierno, están sometidos por las mismas leyes.

“No solo desde el punto de vista jurídico, sino también desde la ética pública y la rendición de cuentas, tenemos un problema grave, ya que, efectivamente, estas acciones evidencian que se puede violar la ley sin consecuencias, porque las circunstancias lo permiten”, opinó.

Diputados opositores del PRI y el PAN han acusado que, desde el inicio de la actual legislatura, integrantes de Morena y partidos aliados han saltado diversas disposiciones de la ley para priorizar su agenda partidista. Entre lo que han denominado “vicios procedimentales” se encuentran las convocatorias “exprés” a sesiones de comisiones generales antes de las 48 horas dictadas por ley y la falta de documentación anexa en expedientes oficiales cuando se trata de iniciativas, emanadas del oficialismo, urgentes de aprobar, tales como el paquete de reformas constitucionales del expresidente del país, Andrés Manuel López Obrador, o casos más recientes a nivel local, como las iniciativas de reforma que permitieron el encalado de árboles y castigar por la vía penal el ciberasedio en la entidad. A esto, se suman más omisiones.

Expertos del área jurídica exponen que, lo anterior no exime la responsabilidad de la oposición en dichas conductas, ya que se ha mantenido apacible ante las arbitrariedades de sus homólogos, cayendo, incluso, en la complicidad.

La ley es letra muerta para el Congreso
El pasado 29 de mayo, durante la sesión pública ordinaria en la que se aprobaría la desaparición del otrora Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Puebla (Itaipue) -consecuencia de una de las reformas constitucionales de AMLO-, la legisladora panista Susana Riestra Piña exhibió los errores del proceso legislativo de la misma, aquellos de los que su bancada, integrada por apenas cinco diputados, se quejó meses atrás, cuando se aprobó la primera de estas reformas, aquella con la que se permitió que la Guardia Nacional se incorporara a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

“No puedo dejar de señalar los vicios procedimentales a los que no podemos, ni debemos acostumbrarnos: retraso en la información, convocatorias exprés, citatorios sin las formalidades de ley, ordenes del día sin documentación anexa, entre otras irregularidades que impiden el análisis adecuado de nuestro ejercicio legislativo”, lanzó en contra de Morena y sus aliados, al mostrar su inconformidad con la manera en la que se integró dicha reforma, junto a cuatro más, en un mismo dictamen, para agilizar su análisis y aprobación el mismo día, aún cuando estas abordaban temas diferentes y requerían un estudio particular.

No fue un hecho menor lo señalado por la diputada. En ese párrafo exhibió dos violaciones a la Ley Orgánica del Congreso por dichas reformas. Al hablar de las convocatorias exprés, refiriéndose a las comisiones que analizan las iniciativas previo a su remisión al Pleno, reveló que se contravino el artículo 105 de dicha ley, el cual dicta que, para convocar a los diputados a sesión, estos deben ser notificados con 48 horas de anticipación, a excepción de casos urgentes, categoría a la que no pertenecen dichas iniciativas de reforma que, al ser constitucionales, requerían un análisis exhaustivo.

En tanto, respecto al retraso en la información, los citatorios sin las formalidades de ley y las órdenes del día sin documentación anexa, ello va en contra del artículo 141 de la citada ley, que obliga al Congreso local a que, todo expediente oficial de los procesos legislativos, ya sea de manera física o electrónica, deben cumplir con esos requisitos.

A esto se suma el desacato del Legislativo al artículo 153, que fija un plazo máximo de 180 días naturales para que las comisiones aprueben, modifiquen o desechen las iniciativas que son presentadas por los diputados una vez sean remitidas a las mismas. Siendo el mes de agosto de 2025, el Congreso arrastra pendientes del pasado mes de septiembre del año pasado.

También desobedece el artículo 122 que dicta que las comisiones del Congreso deben sesionar cuando menos una vez al mes, lo cual tampoco sucede, ya que varias de ellas, incluida Turismo, registraron su última sesión el pasado mes de mayo, hace más de 60 días naturales. Sin mencionar que el Congreso local pudo someter a consulta popular la polémica reforma de ciberasedio o la que permitía el encalado de árboles (que mostraron signos de rechazo ciudadano), con base en el artículo 153, sin embargo, decidió no hacerlo y las aprobó tras una escasa discusión en comisiones. Ni hablar del artículo 49, que obliga a los diputados poblanos a privilegiar el interés general antes que el de su grupo o representación legislativa, así como a ser imparciales en sus decisiones.

¿Y la oposición?
“Sí fue una sorpresa darme cuenta que en el Congreso, donde se crean leyes, no se respetan. Es contradictorio”, opinó Delfina Pozos Vergara, la única diputada que integra la bancada priista en el Legislativo local. En entrevista con este medio, coincidió con lo expuesto por Riestra en tribuna, incluso ella misma lo ha señalado en diversas ocasiones: se está cometiendo una arbitrariedad.

“Desde el primer momento (cuando empezó la legislatura) lo noté, porque tengo asesores jurídicos. Cuando vi el panorama, sí me sorprendió, porque esperaba un Congreso más incluyente, democrático, donde hubiera respeto a la legalidad y el derecho, no solo de los ciudadanos, sino también de los diputados. Ha sido decepcionante”, insisitió.

La líder de la bancada priista también se ha percatado de estos desacatos, pero al igual que Riestra, solo lo ha expuesto en tribuna o medios de comunicación, no más.

“Nosotros hemos vigilado que se cumpla la Ley Orgánica para cuidar los tiempos y las formas, sí hay observaciones que hemos hecho en la Junta de Gobierno y el compromiso que se ha generado es cumplir con los tiempos que establece la ley”, dijo, por su parte, el líder de la bancada panista en el Congreso, Marcos Castro.

Él afirma que el Legislativo también desobedeció su ley al no presentar un informe detallado de los perfiles que ahora integran los concejos municipales en la región de Serdán, mismos que fueron avalados por el Pleno meses atrás tras la extinción de tres ayuntamientos. Pese a ello, el también diputado opositor confía en que el diálogo es la vía de solución.

“Es uno de los temas en los que más hemos estado insistiendo, estamos apostando a que mediante el diálogo podamos resolver este tipo de fallas humanas”, remarcó. “¿Es suficiente el diálogo para arreglar el problema?”, cuestionó este diario. “Si es un tema reiterado tendríamos que recurrir a los procedimientos (…) Cuando no hay disposición, sobre todo en algunos casos, que pudiera ser por algunos de los diputados o alguno de los grupos, por supuesto que vamos a recurrir a lo que nos faculta la ley”, prometió a poco más de un mes de que la Legislatura termine el primero de sus tres años de gestión, persistiendo con las mismas fallas del inicio.

Lo anterior, apuntó Jonathan Amaro Hernández, catedrático de la Escuela Libre de Derecho del Estado de Puebla (ELDP), es el principal problema de la oposición y el por qué también es parte del problema. Ha sido permisiva con el actuar de sus homólogos, pese manifestar públicamente estar en contra.

“La oposición está muy tranquila, es pasiva, no es tan aguerrida como lo fueron en el pasado los que ahora están en el poder (Morena). Acá no veo que se manifiesten, nada más usan redes sociales, pero no inician ningún procedimiento en donde digan ‘está fallando esto’, la oposición ha consentido que se sigan haciendo este tipo de leyes al vapor que no cumplen los requisitos que establece la ley”, señaló el académico.

Para conocer la postura de los partidos opositores sobre esta conducta, también se solicitó una entrevista con la líder de la bancada emecista, Fedrha Suriano Corrales, sin embargo, desairó la propuesta.

De las sanciones, ni hablar
Cuando se habla de impunidad en este hecho, sin que antes se haya iniciado un procedimiento jurídico, es porque este, posiblemente, ni siquiera será presentado aunque se reconozcan las faltas cometidas. Amaro Hernández explicó que, la única manera en que estas pueden ser sancionadas, es a través de de un juicio de procedencia o político en contra de quien haya incurrido en una infracción, pero esta debe ser solicitada por el propio Congreso y aprobada por el Pleno, pero, al ser señalado el oficialismo como el principal responsable de dichas conductas, ¿cree usted que utilizara su mayoría calificada para sancionar sus errores?

Ahora, otra vía, es a través del Consejo Ciudadano Anticorrupción, un organismo civil que puede emitir observaciones respecto al quehacer de los poderes del estado, sin embargo, no tiene un poder vinculatorio, es decir, no puede imponer sanciones. La única forma de castigar el hecho es a través de un juicio político que se tendría que tramitar ante el Congreso del Estado. Ahí habita la impunidad, en que aún siendo reconocida la falta (al menos por la oposición) no habrá consecuencias.

Lo que resta, opina el investigador de la UNAM, es que el Congreso, con mayoría de Morena y sus aliados, no solo presuma su legitimidad en las urnas, sino también en resultados, cuidando el fondo y guardando las formas. “No se reúnen las condiciones adecuadas, que establece la normatividad, para que estas acciones sean sancionadas en tiempo y forma, y se genera efectivamente un mecanismo de impunidad, cuando el Congreso no debería incurrir en este tipo de abusos en el ejercicio de sus atribuciones y competencias. Si viola el procedimiento legislativo, ¿qué se puede esperar de las leyes que elabora? (…) Si hay una legitimidad de origen por el voto popular, también debe reflejarse en el trabajo cotidiano”, señaló.

Este, sostiene, es el claro ejemplo de lo que no debe hacer el Legislativo: enviar un mensaje de impunidad, yendo en contra del Estado de Derecho, violando el proceso de creación de normas jurídicas, sin consecuencia alguna.