Uniformes falsos, el nuevo rostro del crimen organizado, denuncia senadora
Rocío Corona propone reforma el Código Penal Federal para castigar con hasta 12 años de prisión la venta ilegal de insignias
Con la intención de frenar una práctica delictiva cada vez más común, la senadora Rocío Corona Nakamura presentó una iniciativa que propone sanciones más severas a quienes comercialicen ilegalmente uniformes e insignias de instituciones públicas o privadas.
Su propuesta reforma el Código Penal Federal para combatir el uso de estas prendas como herramienta de engaño por parte de grupos criminales.
La legisladora del Partido Verde Ecologista de México advirtió que numerosos delincuentes se hacen pasar por empleados de empresas como CFE, Pemex, Telmex, Cruz Roja o cuerpos de seguridad para ingresar a los hogares y cometer robos, extorsiones o secuestros sin necesidad de recurrir a la violencia.
La iniciativa contempla modificaciones a los artículos 250, 250 Bis 1 y la adición del artículo 250 Bis 2 del Código Penal Federal, por lo que se propone imponer hasta 12 años de cárcel a quien venda, sin autorización, uniformes, insignias, gafetes o elementos que simulen pertenecer a instituciones oficiales o empresas de servicios.
“Estamos hablando de delincuentes que por menos de dos mil pesos pueden adquirir un uniforme y ganarse la confianza de una familia para luego asaltarla”, señaló la senadora al comentar que este tipo de delitos aprovechan vacíos legales y un mercado informal que opera con total impunidad.
De acuerdo con cifras oficiales, tan solo en 2023 se reportaron mil 694 robos a casa habitación en la Ciudad de México; 92 por ciento fueron cometidos sin violencia, muchos de ellos mediante el uso de uniformes falsos.
En ese mismo año, este tipo de robo creció 9 por ciento en la capital y seis por ciento en el Estado de México.
Corona Nakamura afirmó que la medida es urgente para proteger a las familias y enviar un mensaje claro: no se permitirá que el crimen organizado utilice la apariencia de legalidad para operar.
“La ley debe cerrarle el paso a este tipo de delitos que vulneran la seguridad desde la confianza”, puntualizó la senadora ecologista.
