Sin remediación ni cierre definitivo: basurero de Cholula sigue contaminando aire, agua y suelo

Según pobladores, la Profepa condicionó la remediación del sitio a la compactación de más residuos en el basurero

A casi un año de su última clausura, el basurero intermunicipal de Cholula prevalece como una fuente activa de contaminación. Lixiviados que escurren sin contención, cárcamos y respiraderos deteriorados, sumado a la falta de certeza jurídica sobre su cierre, exacerban los riesgos al ecosistema, campos de cultivo, viviendas y, especialmente, a los mantos acuíferos.

Aunque hace tres meses la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) autorizó un programa para proceder al cierre definitivo de este tiradero, éste no ha sido ejecutado.

De acuerdo con integrantes del colectivo Pueblos Originarios contra el Basurero de Cholula, la autoridad federal condicionó la remediación del sitio a la compactación del lugar con más desechos. Dicho de otra manera, la dependencia argumentó que, para evitar mayores daños ecológicos, es necesario rellenar el sitio con más basura, lo que fue rechazado por pobladores.

Este basurero, el cual fue concesionado en 2015 por la administración del exgobernador fallecido Rafael Moreno Valle Rosas a la empresa Pro-Faj Hidro Limpieza por tres décadas, fue concebido originalmente como el sitio de disposición final para los residuos sólidos urbanos provenientes de al menos una decena de municipios de la región, entre ellos San Pedro Cholula, San Andrés Cholula, Cuautlancingo, Huejotzingo y San Salvador El Verde.

No obstante, de acuerdo con pobladores, ni San Pedro Cholula ni Calpan –los afectados directos del tiradero– fueron consultados sobre su instalación. Esto, apuntaron, fue la primera etapa de un ciclo de irregularidades y abusos cometidos contra el ambiente y la comunidad.

Durante sus casi 10 años de operación, el basurero intermunicipal de Cholula ha sido objeto de señalamientos y denuncias por supuestas irregularidades ecológicas.

Lixiviados se acercan a una fuente de agua subterránea
Hoy en día, varios litros de lixiviados traspasan cada mes el terreno ocupado por el tiradero. Estas sustancias se vierten sin control en una barranca contigua que, según pobladores, fue excavada presuntamente por la empresa en cuestión, con autorización del Ayuntamiento de San Pedro Cholula. El objetivo de establecer este espacio adicional, apuntaron, era ampliar la capacidad del basurero.

No obstante, el terreno que actualmente recibe los lixiviados carece de protección o de alguna geomembrana, lo que ocasiona que el líquido contaminado afecte, además del aire, el suelo.

Dicha situación ha sido verificada por pobladores de Cholula. Mediante la perforación de un pozo, las y los habitantes descubrieron una abundante fuente de agua superficial en el terreno contiguo. Por lo tanto, la constante presencia de lixiviados en este lugar ha generado preocupación entre la comunidad sobre la eventual afectación de este cuerpo de agua.

Detectan irregularidades en estudio
Aunque se desconoce el alcance del acuífero, habitantes de la región se organizaron para analizar el agua subterránea en un laboratorio privado. El estudio, realizado por la compañía Corporativo Ambiental División Agua S.A. de C.V., evidenció la presencia de parámetros fuera de la norma oficial en al menos tres categorías: turbiedad, mercurio y coliformes fecales.

Por otra parte, el análisis detectó la presencia de otros metales pesados, identificados como sustancias dañinas para la salud, tal es el caso del zinc, plomo, níquel, cromo, cadmio y arsénico.

Los cárcamos no funcionan correctamente
El escurrimiento de lixiviados se ha intensificado debido al deterioro de los cárcamos instalados al interior del basurero. Dicho sistema tiene el objetivo de acumular el líquido generado por la descomposición de la basura, para luego bombearlo hacia la cúspide de los residuos, con la finalidad de enfriarlos y evitar su combustión.

No obstante, los cárcamos –en especial las geomembranas– lucen dañados. Esto ha provocado que los líquidos rebasen el nivel de los contenedores y se escurran hacia las afueras del lugar sin control ni tratamiento alguno.

Por si esto fuera poco, los respiraderos instalados sobre los residuos compactados –colocados con el objetivo de evitar la acumulación de gases tóxicos, como el metano– se encuentran averiados. Si bien estos ductos deben disminuir las afectaciones ecológicas, actualmente no hay certeza sobre su funcionamiento.

Algunos respiraderos se encuentran inclinados, lo que evidencia fracturas en su estructura, derivadas de la falta de mantenimiento.

Frente a este contexto, pobladores de San Pedro Cholula y San Andrés Cholula organizaron un plantón frente a la entrada del tiradero, situado en la carretera estatal que conecta Cholula con Calpan.

Las y los habitantes defendieron que su presencia pretende evitar la operación clandestina del sitio y visibilizar una lucha comunitaria en defensa del derecho humano a la salud y al medio ambiente.

Plan de cierre no se ha concretado
En marzo pasado, la Profepa informó a las y los pobladores de Cholula sobre la aprobación del programa de cierre y clausura del basurero.

Según el último comunicado emitido por la dependencia el pasado 20 de marzo, la empresa Pro-Faj debía comenzar la ejecución del plan en un plazo no mayor a 10 días hábiles, esto luego de ser notificada. El documento señaló que el cierre se realizaría conforme a la normatividad ambiental, y que la Profepa daría seguimiento puntual al cumplimiento de cada etapa. No obstante, hasta la fecha no se han registrado avances en ese sentido.

Esto se debe esencialmente a la objeción de los pobladores, pues argumentaron que la dependencia precisó que la remediación del sitio solo sería posible si se ingresa más basura al lugar.

Según detallaron representantes del colectivo, la Profepa argumentó que es necesario “nivelar y compactar la montaña de residuos”. Asimismo, señalaron que ello permitiría a la empresa concluir sus operaciones, para dar paso al cierre definitivo del tiradero. Sin embargo, los habitantes se negaron a ello.

La última clausura registrada por la Profepa se llevó a cabo en agosto de 2024. En ese entonces, la dependencia resolvió que la compañía había incumplido varias observaciones previstas en las clausuras pasadas, especialmente relacionadas con el manejo de los residuos y la contención de lixiviados, esto sin contar que el sitio ya había cumplido su vida útil.

De acuerdo con representantes de Pro-Faj, la empresa incumplió las medidas debido al plantón mantenido por pobladores a las afueras del recinto. Inclusive, acusaron que, debido al bloqueo, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no restableció el servicio eléctrico en el sitio, lo que atrasó más el cumplimiento del resolutivo.

Por último, es importante señalar que, mientras el sitio no ha sido clausurado de forma definitiva y los daños ambientales se exacerban cada día, integrantes del colectivo han denunciado presuntos actos de intimidación en su contra.