Modernización o retiro: ultimátum oficial genera conflicto entre transportistas de Puebla

Concesionarios acusaron que el gremio no fue consultado para la elaboración del proyecto de renovación de unidades del transporte público

El programa de apoyos lanzado por el gobierno del estado para regular y modernizar las unidades de transporte público consideradas obsoletas por la ley dividió opiniones. Mientras algunos concesionarios rechazaron el ultimátum e insistieron en el aumento anual de la tarifa al pasaje, así como en ampliar la vida útil de los vehículos a 20 años, otros transportistas ven como un “respiro” los descuentos y financiamientos para comprar nuevos vehículos.

Algunos dueños de unidades de transporte público acusaron que el gremio no fue consultado para la elaboración del proyecto presentado por la Secretaría de Movilidad y Transporte. Condicionaron la regularización a la inclusión de sus propuestas en el plan integral del gobierno.

Por otro lado, otros miembros del sector opinaron que la autoridad estatal dio el primer paso hacia una transformación real del transporte público en la entidad poblana, facilitando la compra de vehículos para brindar un mejor servicio a los usuarios.

Según la titular de la dependencia estatal, Silvia Tanús Osorio, aquellos interesados en renovar sus unidades podrán acceder a créditos, aportando el 20 por ciento para el enganche, a través de una bolsa de 250 millones de pesos disponible en Nacional Financiera (Nafin). En este caso, los vehículos podrán ser eléctricos, híbridos, diésel o a gasolina.

Quienes estén al corriente de sus obligaciones y tengan un máximo de dos concesiones podrán recibir un apoyo estatal consistente en el otorgamiento del 20 por ciento de enganche a fondo perdido.

Un tercer programa de financiamiento será gestionado a través de la agencia alemana GIZ y el banco alemán KfW, mediante un convenio de colaboración que permitirá la entrega de créditos para cubrir entre el 10 por ciento y el 16.7 por ciento del enganche. En este caso, las unidades adquiridas deberán ser eléctricas.

Además, se llevará a cabo un reemplacamiento exclusivo para las unidades del transporte público, ya que no se ha realizado en los últimos 12 años. Los permisionarios deberán abonar aproximadamente 600 pesos por las placas, lo que permitirá a la autoridad tener un control sobre el número y estado de las unidades.

“Estamos dispuestos a cumplir, pero con nuestras propuestas”, señalan
Samuel Méndez Díaz, líder de la Unión de Transportistas del Estado de Puebla, consideró que, aunque existen algunos beneficios en los descuentos planteados por el gobierno, el programa no funcionará debido a que no se consultó a los actores involucrados, como usuarios, operadores y propietarios de unidades.

Condicionó la regularización de las unidades a la inclusión de sus propuestas en el plan integral del gobierno de Puebla, que contempla la eliminación de descuentos a diversos sectores de la población, así como el establecimiento de un aumento anual a la tarifa del transporte colectivo en la ley.

“Estamos dispuestos a cumplir, pero con las propuestas que elaboramos tras una consulta a más de mil 300 concesionarios, quienes formamos parte de la agrupación,” declaró en entrevista.

El transportista señaló que ya han presentado cinco propuestas al titular de la Comisión de Transporte y Movilidad en el Congreso local, Elpidio Díaz Escobar, para que sean enviadas tanto a la titular de la dependencia estatal como al gobernador Alejandro Armenta Mier.

Entre los cinco puntos principales, detalló que se incluyen reformas a la Ley del Transporte para ampliar el periodo de vida útil de los vehículos a 20 años, en lugar de los 10 años actualmente establecidos. La justificación es que, según sus datos, el kilometraje promedio de las unidades alcanza los 21.3 años.

También propusieron que el ajuste a la tarifa se realice con base en una fórmula establecida en la legislación, con una vigencia anual. Además, solicitaron eliminar los descuentos a ciertos sectores, ya que el 31 por ciento de los usuarios son estudiantes, el 11 por ciento son adultos mayores y el 7 por ciento son personas con discapacidad.

Asimismo, abogaron por un reordenamiento de rutas y concesiones, además de reformas a la normativa para que la Secretaría de Movilidad no asuma atribuciones que corresponden a otras autoridades.

Por su parte, Israel Suárez, integrante de la agrupación y concesionario de la ruta 53, se sumó a la negativa del plan de apoyo propuesto por el gobierno. Desde su perspectiva, el plazo otorgado para acceder a los beneficios está “fuera de contexto”, pues no toma en cuenta la realidad que enfrentan los transportistas.

Suárez incluso descartó la posibilidad de adquirir vehículos híbridos o eléctricos, ya que no son accesibles para ellos y, además, en el estado no existen suficientes refacciones para adaptarlos cuando sea necesario, ni las vialidades son adecuadas para este tipo de vehículos.

Consideró también incongruente que el gobierno estatal apoye al sistema de transporte articulado RUTA con un financiamiento de mil millones de pesos anuales, mientras que el apoyo a los concesionarios es considerablemente inferior.

“Para adquirir este tipo de vehículos, el gobierno tendría que adecuar las vialidades, porque las calles no son óptimas para este tipo de unidades, ni hay mecánicos ni refacciones disponibles,” puntualizó.

Apoyos serán un respiro para transportistas
En contraste, José Luis Barrientos, concesionario de la ruta JBS, consideró que el programa favorecerá a transportistas que estaban al borde de perder su patrimonio e ingreso familiar, tanto del transporte colectivo como del mercantil tipo taxi.

“Urge un reordenamiento, eso va a ser bueno para las colonias en donde no hay transporte público porque se van a cubrir las necesidades con base al crecimiento de la ciudad,” consideró.

Aunque reconoció que el cambio no será una tarea sencilla, dijo que este primer paso es el arranque hacia la transformación del transporte público en territorio estatal. Reveló que adeuda tenencia de algunos vehículos, pero con el anuncio de la condonación podrá estar al corriente. “Si no tengo para las llantas de mi camión, cambiar vidrios, menos voy a tener para pagar tenencia y ahora tengo esta oportunidad para aprovecharla”, apuntó.

Barrientos se adhirió a la postura de que la autoridad estatal ponga en marcha mesas de trabajo con transportistas para abordar otras necesidades del gremio y “sacar a flote el transporte público que se está hundiendo”.

Mientras tanto, Miguel Ángel Aceves, concesionario de la ruta Azteca, también celebró los apoyos otorgados por el gobierno del estado a este sector. Al igual que Barrientos, reconoció que tiene unidades que exceden la vida útil permitida en la normativa, por lo que buscará el financiamiento de la autoridad para renovarlas y no salir de circulación.

A pesar de haber avalado el plazo otorgado para la renovación de camiones, comentó que dependerá de las empresas fabricadoras, ya que el periodo de edificación es de 60 a 80 días hábiles, después de entregado el enganche.

De igual manera, dijo que actualmente el transporte colectivo se enfrenta a una serie de deficiencias, por lo que los apoyos representarán un desahogo financiero para los dueños de vehículos, al mismo tiempo que garantizarán un mejor servicio a la ciudadanía.

“Las unidades son carísimas, aunque queramos hacer inversiones nos cuesta trabajo porque las unidades tienen un costo muy alto; yo creo que este apoyo es fabuloso para que podamos tener ese empuje”, precisó.

Convocan a concentración este sábado
Cabe señalar que la agrupación Transportistas Unidos de Puebla, quienes solicitaron el aumento a la tarifa del pasaje desde el año pasado, se pronunciaron en contra de la serie de programas y apoyos económicos para actualizar el estatus de sus unidades.

Ante esto, convocaron al gremio del transporte colectivo a un encuentro este sábado a las 10:00 a.m. en el zócalo de la capital poblana, con el objetivo de sumar fuerzas y plantear nuevas propuestas al gobierno de Puebla.

Desde su perspectiva, las propuestas de la Secretaría de Movilidad y Transporte son insostenibles para seguir operando. Incluso dijeron que afectarán la fuente de ingresos de familias que dependen del transporte público.

“Las arbitrariedades de la SCT han llegado a un punto inaceptable. Han traicionado la tregua pactada y están secuestrando nuestras unidades, sin importar que todos los documentos estén en orden”, se lee en su comunicado..